El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela abre la posibilidad de movilizar inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para recuperar parte de la deteriorada infraestructura energética venezolana, aunque expertos advierten que su ejecución dependerá de la capacidad de atraer capital privado y ofrecer garantías jurídicas e institucionales a los inversionistas. La Casa Blanca informó que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, que en conjunto albergan cerca de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, como parte de una estrategia dirigida a incrementar la producción venezolana y fortalecer el suministro energético hacia Estados Unidos. Acuerdo petrolero con EEUU abre camino a inversiones en Venezuela, pero persisten desafíos El economista y experto petrolero venezolano José Toro Hardy considera que uno de los principales elementos que deberán tomar en cuenta los inversionistas es la situación institucional venezolana. “Tenemos que tomar en consideración la legitimidad que pueda tener tanto esa Asamblea como la presidenta que está a cargo. Recordemos que ella (Delcy Rodríguez) nunca fue electa, ella simplemente fue designada por un presidente, el presidente Maduro, cuya legitimidad nunca fue reconocida por Estados Unidos”, afirmó. Toro Hardy sostiene que Venezuela no dispone actualmente de los recursos necesarios para financiar por sí sola la recuperación de una industria que requiere inversiones multimillonarias, por lo que considera indispensable la participación del sector privado. El especialista señaló además que la celebración de elecciones y el establecimiento de instituciones con legitimidad permitirían reducir la incertidumbre para los inversionistas. Asimismo, destacó que la recuperación no tendría el mismo costo ni tomaría el mismo tiempo en todas las regiones petroleras del país. En el estado Zulia y particularmente en el Lago de Maracaibo existen pozos previamente explotados cuya producción podría incrementarse con inversiones relativamente menores destinadas a rehabilitación y mantenimiento. El escenario es diferente en la Faja Petrolífera del Orinoco, advirtió, donde existen áreas greenfield que requieren nuevas perforaciones, infraestructura y desembolsos considerablemente mayores antes de comenzar a producir. También existen campos en Monagas que necesitarían fuertes inversiones. Este martes el presidente Donald Trump sostuvo en la Casa Blanca una reunión con ejecutivos de importantes refinerías y compañías del sector energético estadounidense, en momentos en que su administración busca fortalecer la capacidad de refinación y el suministro de crudo. El Departamento de Estado aseguró que la operación relacionada con Venezuela permitirá impulsar el crecimiento energético y generar beneficios tanto para estadounidenses como para venezolanos. Washington también ha destacado que una compañía petrolera estadounidense asumirá campos anteriormente operados por empresas chinas y rusas. El congresista republicano Carlos Giménez sostuvo que el acuerdo debe estar acompañado por el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado, Marco Rubio, destinado a avanzar hacia un proceso de transición y democratización en Venezuela.
El presidente Donald Trump anunció este martes que Estados Unidos está llevando a cabo ataques "de gran envergadura y gran potencia" contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Los ataques se realizaron en respuesta a los intentos de la República Islámica de colocar minas navales en el estrecho de Ormuz y de disparar ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania, afirmó Trump. En su publicación en Truth Social, el presidente advirtió que, si el gobierno iraní toma represalias, Estados Unidos llevará a cabo ataques mucho más severos. "Si la nación fracasada de Irán responde a este ataque plenamente justificado, recibirá un nuevo golpe con mucha mayor dureza e intensidad; pero ese no será el mayor de los ataques: hay otro aguardando su momento y, cuando concluya, ¡quedará muy poco de la República Islámica de Irán!", escribió. Este lunes, Trump afirmó que "Irán está muerta" y que es una "nación oficialmente fracasada" que atraviesa una profunda crisis política, económica y militar. Las tropas estadounidenses atacaron el domingo dos plataformas de lanzamiento en Larak, en el estrecho de Ormuz, en los primeros ataques estadounidenses conocidos contra Irán desde finales de julio. En respuesta, la nación islámica atacó dos bases aéreas estadounidenses en Jordania, según informaron el lunes los medios iraníes, citando a la Guardia Revolucionaria iraní.
El expreso político cubano Andy García Lorenzo denunció que agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con acusarlo de espionaje si se aproxima a sedes diplomáticas en Cuba, incluida la Embajada de Estados Unidos en La Habana. “Me dijeron que, si estoy cerca de una embajada, de la que sea, por ejemplo, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos o en las inmediaciones de cualquier embajada, puedo ser acusado de espionaje”, relató en declaraciones a Radio Martí tras ser liberado de una detención de más de 20 horas. El joven dijo que cuestionó a los agentes sobre la necesidad de demostrar una acusación de ese tipo, pero estos le respondieron que también podrían procesarlo por desobediencia si incumplía las restricciones recogidas en un acta de advertencia. García Lorenzo fue detenido el domingo en Santa Clara, donde reside, después de tomar fotografías en una zona en la que vecinos protestaban por los cortes de electricidad y donde se encontraba un funcionario del Ministerio del Interior. Tras su arresto, permaneció en la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de esa ciudad, donde le entregaron una tercera acta de advertencia y le comunicaron que sus publicaciones y denuncias en redes sociales podrían ser consideradas “propaganda enemiga”. “Lo que uno hace normalmente a diario, que es denunciar lo que está mal hecho, las manifestaciones o cuando no solucionan el tema de la corriente (…) ellos lo toman como propaganda enemiga”, afirmó. Los agentes también le advirtieron sobre una posible acusación de desobediencia si incumple alguna de las restricciones que le fueron comunicadas. “Lo que hacen es amenazarte o advertirte con esta tercera acta de advertencia. Claro que no lo voy a firmar”, señaló. Según su relato, el acta fue firmada como testigos por un policía y un detenido, en presencia de un teniente coronel y un agente de la Seguridad del Estado. García Lorenzo había sido excarcelado a mediados de 2025 tras cumplir una condena de cuatro años relacionada con su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. En la etapa final, su sanción de privación de libertad fue sustituida por trabajo correccional con internamiento. Tras completar la sanción, García Lorenzo ha denunciado que continúa bajo vigilancia de la Seguridad del Estado.
“Evidentemente ya esa cercanía no está como antes”, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca, al describir la expectativa de que desaparezcan los mecanismos de cooperación que facilitaron durante años los envíos de petróleo a la isla. Un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump se mostró confiado en que el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela disolverá la fuerte alianza que forjaron Fidel Castro y Hugo Chávez, los beneficios multimillonarios para La Habana por medio del petróleo venezolano y la fuerte penetración cubana en el entorno chavista. El acuerdo energético entre Estados Unidos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela se conocerá con más precisión esta semana con la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Según el funcionario, el régimen de Nicolás Maduro habría entregado petróleo a Cuba durante años como parte de una alianza política y de seguridad. De acuerdo con sus cálculos, el valor de esos envíos oscilaría entre 40.000 y 64.000 millones de dólares . “Era prácticamente un regalo de un régimen a otro régimen”, sostuvo la fuente, que además afirmó que Cuba revendía una parte importante del petróleo recibido para obtener ingresos en efectivo. EEUU vincula petróleo venezolano con apoyo cubano al chavismo Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones fue la acusación de que Venezuela habría recibido a cambio agentes de seguridad y personal de represión interna cubanos , como parte de la estrecha cooperación entre La Habana y Caracas. El funcionario señaló que la administración Trump considera que los subsidios petroleros venezolanos ayudaron a sostener tanto al régimen cubano como a la estructura de poder chavista. También afirmó que China recibió descuentos significativos en la compra de petróleo venezolano, mientras que Rusia obtuvo cargamentos para el pago de deudas, situando a los tres países entre los principales beneficiarios de la política petrolera del gobierno de Maduro. Miguel Díaz-Canel en una reunión con Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 30 de mayo de 2018. REUTERS/Marco Bello La Casa Blanca espera un distanciamiento entre Caracas y La Habana Las declaraciones sugieren además que Washington espera que la nueva etapa política en Venezuela implique un alejamiento de Cuba. Según la fuente, la relación entre el gobierno interino venezolano y La Habana ya no tendría el mismo nivel de cercanía que existió durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. “Evidentemente ya esa cercanía no está como antes”, indicó el funcionario, al describir la expectativa de la Casa Blanca de que desaparezcan los mecanismos de cooperación que facilitaron durante años los envíos de petróleo a la isla. Más presión sobre el régimen cubano El funcionario también vinculó el acuerdo con Venezuela y la estrategia hacia Cuba dentro de una política más amplia de presión contra el régimen de La Habana. Mencionó medidas recientes adoptadas por Washington, incluidas las sanciones contra el conglomerado militar GAESA y las acciones judiciales anunciadas contra altos dirigentes cubanos, entre ellos Raúl Castro. “La presión es cada vez mayor contra el régimen cubano, no contra el pueblo cubano”, enfatizó. Según la fuente, el objetivo de la administración Trump es aislar económicamente a la cúpula gobernante de la isla y limitar las fuentes de financiamiento que históricamente han contribuido a sostener al régimen. Acuerdo petrolero busca reconstruir Venezuela Sobre el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, el funcionario aseguró que Washington tendrá una participación en la estructura empresarial creada para administrar las operaciones. Indicó además que los ingresos y regalías derivados de la explotación petrolera serán destinados a la reconstrucción del país sudamericano, incluyendo infraestructura vial, escuelas, viviendas y servicios públicos. La administración Trump sostiene que la iniciativa no busca fortalecer políticamente al gobierno interino de Delcy Rodríguez, sino crear condiciones económicas que faciliten una futura transición democrática y la celebración de elecciones libres. Washington promete evitar una nueva “cleptocracia” Durante la conversación con periodistas, el funcionario insistió en que uno de los objetivos centrales del plan es evitar que Venezuela pase de un sistema de corrupción a otro. “Queremos evitar que Venezuela vuelva a caer en manos de un régimen corrupto”, señaló, al explicar que Estados Unidos pretende supervisar estrechamente el proceso de recuperación institucional y económica del país.
Más de 1,4 millones de estudiantes fueron convocados a las aulas este 1 de septiembre en Cuba para comenzar el curso escolar 2026-2027, marcado por la falta de maestros, uniformes y alimentos, además de horarios reducidos y el impacto de los apagones prolongados. Aunque las autoridades llamaron a las familias a enfrentar el nuevo período con “resiliencia” y flexibilidad, algunas madres consultadas por Martí Noticias aseguran que no cuentan con las condiciones mínimas para enviar a sus hijos a clases. “Este país no está preparado para que empiece el curso”, afirmó una madre que decidió mantener en casa a sus tres hijas. “Ninguna va a ir. Si no hay de nada, ¿cómo van a ir a la escuela? No hay zapatos, no hay mochila, no hay agua. El pan ya no se puede comprar para la merienda porque una flauta cuesta miles y miles. Sin corriente toda la noche, menos que menos”, explicó. En Cuba la educación primaria y secundaria básica son obligatorias y el Gobierno no reconoce la educación en casa como alternativa al sistema escolar estatal. El régimen cubano reconoció que las escuelas no podrán funcionar como lo hacían antes de la crisis. Cada centro deberá ajustar sus horarios y la frecuencia de las clases de acuerdo con la disponibilidad de profesores, transporte, electricidad y alimentos. Las alternativas anunciadas por el Ministerio de Educación incluyen escuelas con doble sesión, otras con media jornada y modificaciones en los días de asistencia. Sin embargo, las madres cuestionan si esas medidas permitirán garantizar realmente la continuidad y calidad de la enseñanza. “¿Qué van a suministrar, si lo que estaban dando era un pan con jamonada podrida? Un día la niña mía se intoxicó. Ahora no hay almuerzo, no hay corriente, no hay agua, no hay transporte y no hay nada que darles de comer a los niños porque los precios están demasiado elevados”, denunció otra madre. Uno de los principales obstáculos es la falta de docentes. Según la información oficial, solamente el 73 % de las plazas necesarias están cubiertas por maestros permanentes con formación pedagógica. Ante el déficit, las autoridades recurren a contratos por horas y otras alternativas para completar la fuerza laboral en las aulas. La ausencia de alimentos también obliga a reducir los horarios en algunos centros. “Le dan clases hasta el mediodía, nada más. Después los sueltan porque no hay almuerzo ni nada”, contó una de las madres entrevistadas. Los uniformes tampoco estuvieron disponibles para todos los estudiantes. Las autoridades priorizaron su entrega a los alumnos de preescolar y séptimo grado, mientras permitieron que el resto asistiera con ropa cómoda y pañoleta. En cuanto a la alimentación, algunos centros cuentan con suministros únicamente para los primeros 15 o 20 días del curso. Después deberán buscar acuerdos con empresas estatales y negocios privados para intentar mantener el servicio. Para muchas familias, conseguir cada día la merienda, los materiales escolares o la ropa necesaria se ha convertido en una batalla. “Estoy vendiendo parte de mi ropa para que mis hijos puedan comer, porque esto cada día está peor. Esto está negro”, relató una madre. A esas dificultades se suman los apagones. Las familias denuncian que muchos niños llegan a las aulas después de pasar noches sin dormir por el calor, sin desayunar adecuadamente y con problemas para concentrarse durante las clases. “Los niños no van a tener futuro por el camino que vamos. No van a tener futuro”, lamentó otra entrevistada. El régimen también anunció que intentará reincorporar al sistema educativo a unos 17.000 estudiantes que se habían desvinculado. Sin embargo, el nuevo curso comenzó con familias obligadas a decidir entre enviar a sus hijos sin alimentos, aceptar jornadas incompletas o mantenerlos en casa ante un sistema que reconoce que no puede garantizar las mismas condiciones para todos.
Con la llegada del 1 de septiembre, los rosters de Grandes Ligas se expanden de 26 a 28 peloteros y muchos equipos aprovechan para darle a sus principales prospectos en las Menores su primera oportunidad en el más alto nivel. Tal como hicieron los Marineros de Seattle con su jardinero cubano Lázaro Montes, los Nacionales de Washington han llamado a Yohandy Morales, hijo del ex tercera base de los equipos habaneros y de la selección nacional Andy Morales León. En declaraciones a Martí Noticias, su padre no podía esconder la alegría por ver a su hijo llegar al mejor béisbol del mundo. “No me cabe un alpiste, imagínate, es el fruto de tanto esfuerzo, tantos años de trabajo”, dijo Andy Morales. “Él estaba pescando con un compañero de equipo, cuando el manager de Rochester lo llamó para decirle del ascenso. A esa hora, a recoger todas las cosas y manejar seis horas hasta Washington”, contó Morales. “Ha tenido un gran año y creo que merecía haber sido llamado antes, pero los tiempos de dios son perfectos. Ahora viene lo más difícil, que es mantenerse”, añadió el orgulloso papá. Yohandy, apodado “Yoyo”, nació en Miami hace 24 años y es un portento de seis pies y tres pulgadas de estatura, que se desempeña en la antesala y primera base. Fue seleccionado por los Nacionales en la segunda ronda del draft amateur del 2023, procedente de la Universidad de Miami, y ha tenido un rápido ascenso a través de las diferentes categorías de las Ligas Menores. Esta temporada, con el equipo Rochester Red Wings en AAA, bateaba para .286, con 25 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas en 104 partidos. En el invierno fue a jugar con los Cangrejeros de Santurce a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y que el Jugador Más Valioso de la serie final ante los Leones de Ponce. Luego jugó en la Serie del Caribe disputada en México, donde promedió .500, con dos vuelacercas y tres remolcadas. Yoyo Morales fue incluido en el roster de 40 peloteros de Grandes Ligas de los Nacionales y se espera que debute este martes o el miércoles, durante una miniserie de dos juegos ante los Bravos de Atlanta en la capital del país.
Un tribunal federal de Miami falló este lunes a favor de la agencia de viajes Expedia Group en una demanda presentada por cubanoamericanos, por las reservas de la agencia en propiedades confiscadas por el régimen cubano. El jurado determinó que los demandantes no lograron acreditar su derecho de propiedad sobre las instalaciones turísticas en disputa: cuatro hoteles de Cayo Coco y en el Hotel San Carlos, en Cienfuegos, según informó The New York Times . Los demandantes sostenían que la agencia de viajes había incurrido en “tráfico” de bienes confiscados al promocionar y gestionar reservaciones en hoteles construidos sobre terrenos que pertenecieron a sus familias antes de ser expropiados por el régimen cubano. Entre los reclamantes figura Mario Echevarría, cuya familia asegura haber sido propietaria de Cayo Coco, y Maricela Mata, quien reclama derechos sucesorios sobre el Hotel San Carlos, una propiedad que, de acuerdo con documentos judiciales, perteneció a su abuelo. Los demandantes alegaron que Expedia promocionó y vendió reservaciones en esos establecimientos sin su autorización y sin ofrecerles compensación. Expedia rechazó las acusaciones y dijo que no había participado de forma consciente o intencional en el uso de propiedades confiscadas, pues desconocía los antecedentes de titularidad de los terrenos. Veronica Cassano, exdirectiva de Expedia, declaró a The New York Times que nunca recibió instrucciones de sus superiores sobre la Ley Helms-Burton ni discutió con ellos la propiedad histórica de Cayo Coco. Santosh Aravind, abogado de Expedia, sostuvo que las reuniones de representantes de la compañía con funcionarios cubanos formaban parte del proceso autorizado para establecer operaciones en la isla y se realizaron con conocimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Expedia comenzó a ofrecer reservas en hoteles cubanos en 2017, después del acercamiento diplomático impulsado durante la administración del expresidente demócrata Barack Obama. Presentan multimillonaria demanda contra la Unión Eléctrica de Cuba y Energas Jorge Mestre, abogado de los demandantes, acusó a Expedia de actuar con laxitud frente a las normas estadounidenses, que habilitan los viajes a Cuba únicamente bajo 12 categorías específicas, y el turismo de playa no figura entre ellas. “Es diversión bajo el sol, son bares y playa”, dijo Mestre ante el jurado. Los demandantes estimaban en unos 82 millones de dólares el valor de mercado de las propiedades incluidas en sus reclamaciones, según The New York Times . El proceso se originó en una demanda presentada en 2019 por varias familias cubanoamericanas que reclaman derechos sobre propiedades confiscadas por el régimen cubano entre 1959 y 1962. Un litigio anterior contra Expedia El fallo se produce después de otro juicio bajo la Ley Helms-Burton en el que un jurado federal otorgó en abril de 2025 una indemnización de 29,85 millones de dólares a Mario Echevarría. En aquel caso, Echevarría alegó que Expedia, Hotels.com y Orbitz habían obtenido ingresos a través de reservas en los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, construidos en terrenos confiscados a su familia. Sin embargo, el juez federal Federico A. Moreno dejó sin efecto el veredicto y dictó sentencia a favor de la compañía . Moreno determinó que Expedia y sus empresas relacionadas habían cesado las reservas en las propiedades dentro del plazo de 30 días previsto por la ley, tras recibir la notificación de los reclamantes. El caso se encuentra actualmente en fase de apelación. El Título III de la Ley Helms-Burton El Título III de la Ley Helms-Burton permite a determinados ciudadanos estadounidenses demandar a personas o empresas que se beneficien del uso de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959. La disposición fue aprobada en 1996, pero su aplicación permaneció suspendida durante más de dos décadas, hasta que en mayo de 2019, durante su primer mandato, el presidente Donald Trump permitió su entrada en vigor. Desde entonces, antiguos propietarios y sus herederos han presentado decenas de demandas ante tribunales estadounidenses contra compañías hoteleras, navieras, aerolíneas y otras empresas acusadas de beneficiarse de bienes confiscados en Cuba. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que examinara dos casos relevantes : la demanda de Exxon Mobil contra las empresas estatales cubanas CIMEX y CUPET, y la reclamación de Havana Docks contra cuatro grandes compañías de cruceros. En los documentos presentados ante el alto tribunal, el gobierno estadounidense sostuvo que el país tiene importantes intereses de política exterior en garantizar que los ciudadanos cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen cubano puedan recibir compensación. El fallo favorable a Expedia muestra, sin embargo, que la activación del Título III no garantiza automáticamente una indemnización. Los demandantes deben demostrar que cumplen los requisitos establecidos por la ley, incluida la existencia de un derecho sobre la propiedad y que el demandado sabía o tenía motivos para saber que se beneficiaba de un bien confiscado.
Estados Unidos está pidiendo información de la ciudadanía acerca de empresas que pudieran estar ayudando al régimen de La Habana a violar el sistema de sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump a GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A.. Desde las redes sociales de Juan Pablo Segura, el Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, EEUU está pidiendo a la gente que comparta información sobre compañías usadas para eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba, o sobre funcionarios e inversiones vinculadas a GAESA "¿Conoce alguna empresa que se utilice para eludir las sanciones? ¿O algún funcionario o inversión vinculados a GAESA? ¡Comparta lo que sabe! Ayude a sacar a la luz las redes que enriquecen al régimen represivo a costa del pueblo cubano", escribió el funcionario que dirige la política de Washington hacia América Latina, el Caribe y Canadá. GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., es el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que maneja la mayor parte de la economía de la isla, desde hoteles y puertos hasta remesas y comercio. Estados Unidos ha sancionado al emporio militar porque lo considera el brazo financiero del régimen y acusa a sus élites de enriquecerse mientras la población enfrenta escasez. Las sanciones a GAESA han incluido rondas posteriores para alcanzar a intermediarios, sociedades pantalla, traspasos y redes que permitan al régimen seguir moviendo dinero y operando a pesar de las restricciones de EEUU.
El presidente argentino, Javier Milei, calificó este martes como un hecho “muy fuerte” las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de las Islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. “Ayer pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, dijo Milei en declaraciones a El Observador , un día después de que Trump fuera consultado directamente en la Casa Blanca sobre la posición estadounidense respecto al tema. Milei adelantó que el asunto sería abordado en una reunión de su gabinete y anunció que el jueves por la noche dará un mensaje por cadena nacional dedicado a la cuestión Malvinas. El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo por su parte que Buenos Aires debe concentrarse en fortalecer sus propias herramientas diplomáticas en lugar de depender de una eventual decisión de Washington. “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, afirmó. Quirno descartó que exista una negociación conjunta sobre el asunto. “Acá no hay un triángulo mágico donde estamos hablando en estos términos... Lo que haga Trump con Inglaterra será Trump con Inglaterra”. El lunes, periodistas preguntaron a Trump en el Despacho Oval sobre si Estados Unidos estaba reconsiderando su postura respecto de la soberanía de las islas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario estadounidense, sin ofrecer otros detalles. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que The Telegraph informara que funcionarios estadounidenses habían considerado la cuestión de las Malvinas entre posibles medidas para presionar a aliados de la OTAN a elevar su gasto militar. El diario británico informó que una eventual modificación de la postura estadounidense respecto de las islas figuraba entre las opciones examinadas. Consultado también sobre las diferencias con Londres, Trump afirmó que “el Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”. Estados Unidos ha evitado tomar partido sobre la cuestión de la soberanía desde la guerra de 1982 entre Argentina y el Reino Unido y reconoce la administración británica de facto sobre el territorio. Londres sostiene que la soberanía debe determinarse de acuerdo con la voluntad de los habitantes de las islas. En un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los votantes respaldó mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad este martes ante el incremento de delitos oportunistas relacionados con vehículos en La Habana. Según la representación diplomática, en las últimas semanas se ha registrado un aumento de hechos delictivos como robos en el interior de automóviles, sustracción de piezas de vehículos, incluidos espejos laterales y limpiaparabrisas, así como intentos de robo de autos. La embajada estadounidense atribuyó el fenómeno al deterioro de las condiciones económicas en la isla, que ha provocado un aumento general de la criminalidad. Por ello, exhortó a los ciudadanos estadounidenses a extremar las medidas de vigilancia y seguridad, especialmente en lo referente a sus vehículos. Entre las recomendaciones emitidas figuran mantener las puertas aseguradas y las ventanillas completamente cerradas, incluso cuando se permanece dentro del automóvil; no dejar objetos de valor ni documentos importantes en vehículos sin supervisión, y estacionar, siempre que sea posible, en garajes o detrás de portones cerrados. Asimismo, la sede diplomática de EEUU aconsejó utilizar los servicios de los llamados "parqueadores" al visitar restaurantes, tiendas u otros establecimientos comerciales, verificando que realmente estén vigilando la zona donde se encuentra estacionado el vehículo y consultando previamente si el servicio tiene algún costo. La criminalidad ha aumentado considerablemente en Cuba a medida que ha ido profundizándose la crisis económica. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), las denuncias por inseguridad ciudadana pasaron de 131 en julio a 177 en agosto, un incremento del 30%. El OCC registró 38 muertes relacionadas con la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar. “Cualquier objeto, un teléfono, unos pesos, una bicicleta o una motorina, puede ser motivo suficiente para matar”, dijo este martes a Martí Noticias el periodista Rolando Cartaya, investigador principal del OCC. La embajada de Washington en La Habana recordó que las víctimas de robo deben informar a las autoridades locales. En Cuba, los números de emergencia son el 106 para la Policía, el 105 para los Bomberos y el 104 para servicios de ambulancia. Según la alerta, los ciudadanos estadounidenses que enfrenten una emergencia pueden comunicarse con la Embajada de EEUU en La Habana al teléfono +(53) 7 839-4100. Fuera del horario laboral deben marcar 1 y luego 0. La sede diplomática también puede brindar asistencia para reemplazar pasaportes perdidos o robados. La embajada de EEUU en Cuba emite alertas de seguridad regularmente. La semana pasada, la sede diplomática alertó sobre el deterioro del suministro de agua en la isla y las consecuencias sanitarias. La isla sufre prolongados y crecientes problemas con el suministro de agua potable y energía eléctrica, dijo, causados por la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen.
A continuación, un editorial que refleja la postura del Gobierno de los Estados Unidos: En un informe publicado en junio, UNICEF reveló que la desnutrición aguda entre los niños menores de cinco años en las zonas accesibles de Gaza ha disminuido un sorprendente 82 por ciento en menos de un año. Claramente, la ayuda humanitaria está llegando a los sectores más vulnerables de Gaza. "No debería sorprender", declaró el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, "que cuando los grupos terroristas dejan de acaparar y utilizar la ayuda como un cruel instrumento de control, la vida de las personas mejore". "Y, por primera vez en la historia moderna, un nuevo futuro para Gaza está al alcance de la mano de manera creíble: un futuro sin guerra, sin señores de la guerra terroristas, sin túneles, sin rehenes y sin sufrimiento". Pero esto requiere mantener la presión sobre Hamás para que cumpla los términos del Plan Integral del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto de Gaza, el cual fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. En virtud de dicho plan, se ha establecido una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) mediante la Resolución 2803. Ahora, por primera vez, está prevista la llegada de tropas y personal de naciones aliadas para mantener la paz. Ya hay vehículos tácticos en la base logística de la ISF. Países tan diversos como Uganda, Marruecos y Kazajistán han ofrecido miles de efectivos. Aunque el proceso no avanza tan rápido como desearíamos, está en marcha, afirmó el embajador Waltz. El desarme de Hamás será objeto de un escrutinio riguroso. Debe ser verificado por partes imparciales. Nada se aceptará basándose únicamente en la confianza, señaló el embajador Waltz. "Mediante un proceso verificado, tenemos la posibilidad de abrir un futuro para el pueblo de Gaza libre de Hamás, libre del sufrimiento causado por terroristas que los violaron y saquearon durante toda una generación". Y, una vez que Hamás demuestre el cumplimiento total de sus compromisos, Israel iniciará su retirada gradual —y finalmente completa— de la Franja de Gaza. Gaza no puede reconstruirse mientras Hamás conserve la capacidad de sumirla nuevamente en la guerra, subrayó el embajador Waltz. "Nos veremos atrapados en un ciclo de ayuda humanitaria en lugar de avanzar hacia la reconstrucción, hasta que Hamás se desarme y se desmilitarice". El otoño pasado aún había guerra, rehenes y sufrimiento. Ahora, menos de un año después de la aprobación de la resolución 2803, ya no quedan rehenes en Gaza. La ayuda está empezando a llegar a quienes la necesitan. Hamás ha aceptado desarmarse por completo. Las FDI se están retirando. Y el Comité Nacional para la Administración de Gaza cuenta con autorización para asumir sus funciones. Claramente, el Plan de Paz del presidente Trump —ahora convertido en una hoja de ruta de 15 puntos— representa la mejor esperanza para la paz en Gaza. "Dejemos de lado la política y las agendas particulares y apoyemos este nuevo camino".
A continuación, un editorial que refleja los puntos de vista del Gobierno de los Estados Unidos: El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, revocó formalmente la designación de Siria como Estado Patrocinador del Terrorismo (SST), tras la conclusión del periodo obligatorio de notificación al Congreso de 45 días. En una acción tomada el 24 de agosto, el secretario Rubio también retiró la designación de Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). "Estas acciones", dijo el Secretario, "representan otro paso histórico del presidente Trump para dar al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad." Todas estas acciones se tomaron en reconocimiento a las acciones positivas emprendidas y a los compromisos adicionales del gobierno sirio bajo el presidente Ahmed al-Sharaa para distanciar completamente a Siria de actos de terrorismo internacional. En el último año, el Gobierno de Siria ha tomado medidas significativas para combatir el terrorismo, incluyendo la incorporación formal a la Coalición Global para Derrotar al ISIS en noviembre y la realización de operaciones para desarticular las redes terroristas de ISIS, Al Qaeda, Hizbulá y grupos alineados con Irán. Revocar la designación de Siria como SST y de HTS como SDGT elimina las últimas grandes barreras para la inversión del sector privado en Siria y promueve la recuperación económica y la reintegración de Siria en la economía global. Un aviso publicado por los Departamentos de Comercio, Tesoro y Estado de EEUU afirma que "Estados Unidos está comprometido a apoyar una Siria estable, unificada y pacífica que ahora pueda contribuir a la seguridad e integración regional. La eliminación integral de sanciones estadounidenses ha impulsado los esfuerzos de Siria para reconstruir su economía, proporcionar prosperidad a todos sus ciudadanos, incluidos miembros de minorías étnicas y religiosas, y combatir el terrorismo". El aviso señala que, el 13 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump anunció el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria para dar al país una oportunidad de paz y prosperidad. En junio de 2025, el presidente emitió la Orden Ejecutiva 14312, que eliminó formalmente las sanciones estadounidenses y ordenó a las agencias que tomaran medidas adicionales para fomentar la reimplicación del sector privado estadounidense y de sus socios extranjeros en Siria. Estados Unidos ya no impone sanciones integrales a Siria y las instituciones sirias, y las sanciones estadounidenses ya no actúan como barrera para la mayoría de los negocios en Siria. El Congreso derogó la Ley César, que pretendía responsabilizar al gobierno de Assad por abusos de derechos humanos, en 2025. Siguen vigentes sanciones contra Bashar al-Assad y sus asociados, violadores de derechos humanos, narcotraficantes de Captagon y otros actores regionales desestabilizadores que permanecen en la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (SDN) del Departamento del Tesoro. El presidente Trump y su Administración están comprometidos a ayudar a traer paz y prosperidad al pueblo sirio.
Las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante agosto, pese a que la crisis energética registró niveles récord de déficit de generación.Rolando Cartaya, investigador principal del Observatorio Cubano de Conflictos explica a Martí Noticias las causas de este descenso.
Las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante agosto pese a que la crisis energética alcanzó niveles récord de déficit de generación, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). La organización documentó 34 protestas en las calles durante el mes, frente a 72 en julio y 107 en junio. En total, contabilizó 1.185 protestas, denuncias y expresiones críticas, de las cuales 291 fueron consideradas desafíos directos al Estado policial. Rolando Cartaya, investigador principal del OCC y director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, explicó a Martí Noticias que la disminución se produjo en medio del deterioro de las condiciones de vida en la isla. “A pesar de que hubo esfuerzos en las calles por parte de los cubanos, protestas contra los apagones, la falta de agua y la falta de comida, hubo en el mes de agosto una baja bastante sensible: 34 protestas, comparadas con 72 en julio y 107 en junio”, señaló. Los 291 desafíos al Estado policial registrados en agosto representan una caída frente a los 520 documentados en julio y los 406 de junio. “Estas reducciones, del 54,2 % y el 44 %, respectivamente, se explican tanto por el agotamiento que provoca una agudización de la crisis socioeconómica como por la disipación del ‘efecto Trump’”, afirmó Cartaya. Según el investigador, las expectativas de un posible cambio político aumentaron entre algunos cubanos después de la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump y miembros de su administración sobre Cuba. El informe señala que la crisis socioeconómica concentró más del 67 % de las expresiones contestatarias registradas durante agosto. El OCC documentó además nueve grafitis antigubernamentales, incendios de instalaciones policiales y la huelga de hambre del opositor Guillermo del Sol, quien abandonó la protesta después de 72 días. La huelga buscaba llamar la atención sobre la situación de los presos políticos en la isla. Los servicios públicos encabezaron las denuncias, con 236 registros, principalmente relacionados con los prolongados cortes eléctricos. En Lawton, municipio Diez de Octubre, residentes acumularon 137 horas sin electricidad en una semana. “Los cortes de 20, 30 o más de 50 horas detuvieron el bombeo de agua, pudrieron los alimentos e inutilizaron los medicamentos”, explicó Cartaya. La Habana concentró 25 protestas callejeras en las que hubo presencia de fuerzas antidisturbios conocidas como Boinas Negras. Otras siete ocurrieron en diferentes provincias, indica el reporte. Las protestas y denuncias relacionadas con la alimentación, la inflación y la agricultura aumentaron de 131 en julio a 218 en agosto. El OCC atribuyó el incremento, entre otros factores, a la decisión del Gobierno de retirar los topes de precios, lo que habría encarecido productos básicos como el aceite y los huevos. El informe recoge el testimonio de Mary Yllas, quien describió la búsqueda de comida en la isla como una experiencia de “temor, estrés, angustia, desesperación y llanto, hasta encontrar algo”. Otra cubana, Mayolín Joaquín Coy, dijo que ella, su pareja y sus tres hijos subsisten con los pocos alimentos que pueden pagar, entre ellos un hueso de pollo de 50 pesos cubanos y un boniato. Las denuncias por inseguridad ciudadana pasaron de 131 en julio a 177 en agosto, un incremento del 30 %. El OCC registró 38 muertes relacionadas con la violencia criminal, social, de género e intrafamiliar. “Cualquier objeto, un teléfono, unos pesos, una bicicleta o una motorina, puede ser motivo suficiente para matar”, advirtió Cartaya. El investigador señaló que la oscuridad provocada por los apagones y la escasa presencia policial facilitan la actuación de los delincuentes. El Observatorio documentó 19 robos de motorinas, triciclos y otros vehículos durante agosto, frente a siete en julio. El apartado dedicado a otros problemas sociales acumuló 110 registros. Entre las principales preocupaciones aparecieron la incertidumbre sobre el futuro, la disminución de la población en edad laboral debido a la emigración y la caída de la natalidad, además de los problemas económicos que enfrentan las familias ante el comienzo del curso escolar y el déficit de maestros. El OCC documentó 100 actos represivos durante agosto. Entre ellos mencionó un incidente durante un cacerolazo en Jaimanitas, donde un automóvil habría sido utilizado para intimidar y embestir a los manifestantes. El Observatorio dijo que un episodio similar había ocurrido en Lawton a finales de julio. El reporte también menciona una nueva legislación que autoriza al Ministerio del Interior a recopilar datos biométricos como la voz, el iris, el rostro y la firma digital. Según el OCC, la medida facilita la vigilancia de la actividad en internet sin un control judicial independiente. En el área de salud pública se contabilizaron 42 protestas y denuncias, muchas relacionadas con la propagación del dengue, la falta de fumigación y las deficiencias en la atención de menores con fiebre en hospitales pediátricos. El informe también registró 15 protestas y denuncias vinculadas con la vivienda, entre ellas derrumbes, deterioro estructural, desalojos sin alternativas, largas esperas por asistencia estatal y casos en los que la sociedad civil tuvo que ayudar a las familias afectadas. Para el OCC, las expresiones críticas surgidas durante las celebraciones oficiales por el centenario de Fidel Castro evidenciaron además un cambio en la percepción de una parte de la ciudadanía. “Hoy quienes se expresan en redes y en cacerolazos ya no separan al hombre de la obra. Ven los apagones, el hambre, la censura, los privilegios en la cúpula y la ausencia de alternativas como parte de la obra de Castro”, concluyó Cartaya.
1 Sep 2026, 14:35 GMTBy Comunicado Oficial Casa Blanca
LA CASA BLANCA HOJA INFORMATIVA 31 DE AGOSTO DE 2026 ASEGURAR UN SUMINISTRO DE PETRÓLEO ESTABLE Y A BAJO COSTO EN NUESTRO HEMISFERIO: En el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, el presidente Donald J. Trump ha conseguido el control mayoritario estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas en Venezuela, lo que expandió sustancialmente las actuales reservas territoriales comprobadas de Estados Unidos, de aproximadamente 46.000 millones de barriles. Este acuerdo asegura nuestro dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos. El acuerdo, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, otorga al gobierno de Estados Unidos poderosos derechos de gobernanza, propiedad económica y un convenio de compra garantizada a bajo costo a un nuevo actor petrolero privado de Venezuela, que será la segunda compañía petrolera privada más grande del mundo en términos de reservas: En relación con este acuerdo, las autoridades interinas venezolanas han otorgado a North American Blue Energy Partners (NABEP), una compañía petrolera de capital privado que es la segunda mayor productora privada venezolana y una operadora probada, concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas confirmadas de aproximadamente 65 mil millones de barriles. Sin costo alguno para el contribuyente estadounidense, NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35 % en su sociedad matriz, lo que representa un valor y dividendos de hasta cientos de miles de millones para Estados Unidos. NABEP le ha otorgado al Departamento de Estado de Estados Unidos el derecho de comprar, al costo de producción, un 20 % garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros operados por NABEP. Esto asegura un suministro estable de petróleo a bajo costo que puede facilitar el reabastecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo ( Strategic Petroleum Reserve , SPR), la cual Joe Biden redujo a mínimos históricos, y abastecer usos militares y otros usos sensibles. NABEP también otorgó al Departamento de Estado de Estados Unidos el derecho de adquisición preferente del 80 % restante de su producción, lo que proporciona una fuente garantizada de energía en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia. El Gobierno de Estados Unidos tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva, y la mayoría de quienes integren la junta de NABEP deben ser ciudadanos estadounidenses. NABEP contará con auditores, abogados y asesores estadounidenses de renombre y el acuerdo del Gobierno de Estados Unidos con NABEP se rige por el derecho estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos. Millones de barriles de nueva producción venezolana serán procesados a través de refinerías estadounidenses y extraídos con equipos de perforación e infraestructura estadounidenses, lo que favorecerá inversiones por miles de millones en Estados Unidos y miles de puestos de trabajo aquí en nuestro país. IMPULSAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL SECTOR PETROLERO DE VENEZUELA: Esta privatización e inversión sin precedentes en el sector energético venezolano es un paso clave en el plan tripartito de estabilización, reconstrucción y transición democrática de la Administración Trump. El crecimiento impulsado por el sector privado en la producción, el volumen de extracción y la inversión en Venezuela es una condición previa clave para impulsar la reforma continua y la transición democrática después del éxito rotundo de la operación “ Absolute Resolve ”: NABEP ha desarrollado un plan ambicioso para llevar rápidamente a mayor escala la producción invirtiendo hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela. Esto ayudará a impulsar el crecimiento económico, contribuirá a crear miles de puestos de trabajo bien remunerados en Venezuela y generará decenas de miles de millones en la actividad económica en general. Las concesiones de NABEP se rigen por la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, adoptada con el apoyo de Estados Unidos, que prevé la modernización, la privatización y el desarrollo históricos del sector petrolero en declive de Venezuela. En este marco, y a medida que se incremente la escala de la producción, se prevé que NABEP pague 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años, lo que representa una fuente de ingresos y apoyo fiscal críticos para los gobiernos venezolanos actual y futuros con el objetivo de financiar la reconstrucción y el desarrollo social. Tras años de mala gestión e inversión insuficiente, la mayoría de los yacimientos petrolíferos de Venezuela no están produciendo o tienen una producción sumamente baja. Al invertir en un operador privado probado con antecedentes de escalamiento de la producción en el país, que podrá atraer fondos privados estadounidenses para costear gastos de capital, Venezuela tiene una oportunidad histórica para revitalizar su sector clave, favorecer el crecimiento de la producción petrolera y lograr que crezca su economía. Las disposiciones sólidas sobre gobernanza y auditoría del Gobierno de Estados Unidos, junto con la reforma bancaria, la fiscalización de pagos y la supervisión financiera de la Administración Trump, asegurarán que los pagos de impuestos y regalías se usen en beneficio del pueblo venezolano. Estados Unidos está auspiciando diálogos de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas, un proceso que ya ha dado lugar a reformas significativas en el poder judicial venezolano, la liberación de cientos de presos políticos y esfuerzos de cooperación para financiar la reconstrucción tras los terremotos devastadores de junio. El proceso seguirá adelante y habrá reuniones adicionales en septiembre. REAFIRMAR LA DOCTRINA MONROE Y EXPULSAR A ADVERSARIOS EXTRANJEROS DE NUESTRO HEMISFERIO: La mayoría de los yacimientos petrolíferos incrementales operados por NABEP estuvieron anteriormente bajo el control o la operación de empresas rusas y chinas, o de cómplices corruptos de Maduro y Chávez. Estos actores extranjeros maliciosos saquearon los recursos de Venezuela para beneficiar a adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni el desarrollo de Venezuela. El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, purgando la influencia maligna extranjera de nuestra propia región y asegurando que nunca más se cuestione el dominio estadounidense en nuestro hemisferio. Mediante el trabajo con socios nuevos y existentes, la Administración del presidente Trump está creando nuevas cadenas de suministro robustas, estratégicas y defendibles en nuestro hemisferio para contribuir a la revitalización de nuestros sectores manufacturero y energético tras años de decadencia globalista. Para ver el texto original, ir a: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/ Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
En Latinoamérica y el Caribe, la tecnología china está cada vez más integrada en los sistemas que sustentan la vida cotidiana y las operaciones gubernamentales. Desde redes de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia hasta servicios en la nube y aplicaciones emergentes de inteligencia artificial (IA), la creciente presencia de Pekín en el ámbito digital está alimentando un debate regional sobre soberanía digital, ciberseguridad y dependencia tecnológica. A medida que los gobiernos modernizan infraestructura crítica y amplían los servicios digitales, las preguntas van más allá de la tecnología en sí para centrarse en quién controla las redes, las plataformas y los datos que respaldan funciones esenciales. Pekín ha buscado ampliar su participación en sectores vinculados a la conectividad, la gestión de datos y la infraestructura digital como parte de estrategias nacionales más amplias enfocadas en la innovación tecnológica y la competitividad global. Esta expansión no ocurre de forma aislada. Refleja prioridades más amplias del gobierno chino plasmadas en el XV Plan Quinquenal y en la estrategia de las “Nuevas Fuerzas Productivas de Calidad”, que buscan situar a China a la vanguardia de las tecnologías llamadas a moldear la economía global y el entorno digital. Según la Brookings Institution, Pekín está invirtiendo fuertemente en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la biotecnología y la biofabricación, como parte de su transición hacia industrias de mayor valor agregado. A medida que gobiernos y empresas de Latinoamérica adoptan tecnologías digitales, la región depende cada vez más de plataformas, infraestructura y cadenas de suministro desarrolladas y gestionadas por empresas chinas. Análisis estratégico y técnico La apuesta china no se limita a vender equipos de telecomunicaciones. El Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos (CFR) sostiene que la Ruta de la Seda Digital busca posicionar a China en sectores estratégicos mediante redes 5G, centros de datos, servicios en la nube, IA y plataformas conectadas a infraestructura crítica. El debate ha evolucionado más allá de la pregunta sobre quién construye las redes de telecomunicaciones. Cada vez más, responsables de políticas públicas y especialistas se preguntan quién controla los datos, el software y las plataformas digitales que respaldan funciones gubernamentales sensibles, infraestructura crítica y servicios públicos. Víctor Ruiz, fundador del centro de ciberseguridad SILIKN en México, resume la lógica del avance: “China ha mantenido una estrategia tecnológica de largo plazo orientada a ampliar su presencia internacional mediante infraestructura digital y acuerdos tecnológicos”. Y añade por qué resulta tan difícil de rechazar: “estas ofertas suelen resultar atractivas por sus menores costos, aumentando la dependencia de plataformas y servicios controlados por proveedores chinos”. El CFR advierte que la expansión de la Ruta de la Seda Digital ha generado preocupaciones relacionadas con la vigilancia digital, la gobernanza de los datos y el control estatal de los sistemas de información, y señala que empresas chinas han colaborado en capacidades de monitoreo en terceros países, donde autoridades de Pekín han ofrecido capacitación sobre vigilancia y censura de Internet en tiempo real. Otro elemento importante es el marco jurídico que regula a las empresas chinas. Las leyes chinas en materia de seguridad nacional, inteligencia y gestión de datos han generado preocupación entre gobiernos y analistas sobre el alcance de la cooperación que las empresas podrían verse obligadas a prestar a las autoridades estatales. Las vulnerabilidades ya no se reducen al hardware . Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que la exposición abarca la nube, el software , la IA y la interoperabilidad administrada por proveedores externos, dependencias difíciles de sustituir durante una crisis o una tensión geopolítica. “Esta situación amplía riesgos relacionados con control tecnológico y acceso a información estratégica”, apunta Ruiz. En la misma línea, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos (CISA) alerta sobre los riesgos de las cadenas globales de suministro, el acceso remoto y los servicios digitales centralizados ligados a infraestructura crítica, donde la resiliencia digital se ha vuelto clave para proteger operaciones esenciales y datos sensibles. Las preocupaciones van más allá de la ciberseguridad. Las redes de comunicaciones, las plataformas de videovigilancia, los servicios en la nube y los sistemas de gestión de datos respaldan cada vez más las labores de las fuerzas del orden, la seguridad fronteriza, la respuesta a emergencias y la protección de infraestructura crítica. A medida que estos sistemas se vuelven más interconectados, las cuestiones de resiliencia y control adquieren una importancia creciente para la planificación de la seguridad nacional. Dimensión industrial y programática Varias empresas chinas desempeñan un papel central en esta expansión. Un reporte del laboratorio de ideas Atlantic Council señala que compañías como Huawei, ZTE y SenseTime han ampliado su participación en proyectos de telecomunicaciones, fibra óptica, videovigilancia y aplicaciones de IA vinculadas a la digitalización gubernamental. En varios países latinoamericanos firmas chinas han crecido en telecomunicaciones, videovigilancia y proyectos de ciudades inteligentes, integrándose en la infraestructura digital que sostiene servicios de uso diario. El CFR observa, además, que Pekín ha impulsado con fuerza la cooperación tecnológica mientras las discusiones sobre gobernanza digital y protección de datos han recibido mucha menos atención. Cooperación y proyección regional Las implicaciones ya se traducen en decisiones concretas. En Costa Rica, el Ejecutivo excluyó a Huawei del desarrollo de las redes 5G mediante regulaciones de ciberseguridad que restringen la participación de proveedores proveniente de países que no forman parte del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Las autoridades sostuvieron que las medidas buscaban reducir los riesgos asociados al acceso estatal a datos sensibles y a infraestructura crítica de comunicaciones. Panamá, por su parte, avanzó en el reemplazo de equipos Huawei instalados en varios sitios estratégicos de telecomunicaciones, en medio de preocupaciones por la seguridad de redes y la dependencia tecnológica. Ambos casos reflejan una tendencia regional: un creciente escrutinio del papel de los proveedores tecnológicos chinos en infraestructuras consideradas estratégicas para las comunicaciones, la seguridad nacional y la gestión de datos. Para Latinoamérica y el Caribe, el debate ya no gira únicamente en torno a equipos de telecomunicaciones o inversión extranjera. Cada vez más, se trata de resiliencia, gobernanza y control sobre los sistemas digitales que sustentan los servicios públicos, la infraestructura crítica y la seguridad nacional. Las redes, centros de datos, plataformas en la nube y sistemas de videovigilancia que se adoptan hoy ayudarán a definir cómo los gobiernos gestionan la información, responden a las crisis y protegen datos sensibles en el futuro. A medida que los países continúan modernizando su infraestructura digital, las decisiones sobre diversificación de proveedores, estándares de ciberseguridad y gobernanza de datos desempeñarán un papel cada vez más importante para preservar la flexibilidad operativa y reducir vulnerabilidades estratégicas. Como señala Ruiz, “Fortalecer capacidades nacionales y diversificar proveedores tecnológicos será clave para reducir vulnerabilidades y preservar mayores márgenes de autonomía digital”. Para los gobiernos de la región, el desafío no es si adoptar tecnología extranjera, sino cómo hacerlo preservando la resiliencia, manteniendo la flexibilidad operativa y evitando dependencias que puedan limitar sus opciones futuras. A medida que las empresas chinas amplían su presencia en sectores como las telecomunicaciones, los servicios en la nube, la inteligencia artificial y la infraestructura digital, las decisiones que adopten hoy los gobiernos de la región tendrán un impacto cada vez mayor en la forma en que se configurará su futuro digital. [Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Américas ]
La periodista independiente Yunia Figueredo fue citada por la policía para comparecer este martes, a las dos de la tarde, en una unidad de La Habana. Figueredo dijo a Martí Noticias que las autoridades le abrieron un proceso judicial relacionado con las recientes protestas en Jaimanitas.
La periodista independiente y activista de derechos humanos Yunia Figueredo fue citada por la Policía Nacional Revolucionaria para comparecer este martes, 1 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en una unidad policial de La Habana, según declaró a Martí Noticias. La citación fue entregada el lunes en su vivienda por el jefe de sector de la zona, explicó Figueredo, quien aseguró que otras personas residentes en Jaimanitas también habrían sido convocadas por las autoridades debido a las recientes protestas ocurridas en esa comunidad habanera. “Hoy me volvió a venir el jefe de sector aquí a la casa con una citación para mañana a las dos de la tarde. Según veo, también varias personas aquí en Jaimanitas fueron citadas para mañana debido a las recientes protestas que hubo aquí”, dijo la periodista. Figueredo señaló que el pasado 20 de julio ya había sido interrogada por agentes de la Seguridad del Estado, quienes le informaron sobre la apertura de un proceso judicial en su contra por las manifestaciones ocurridas en Jaimanitas. “El día 20 de julio fui citada por la Seguridad del Estado para informarme que me habían abierto un proceso judicial por las recientes protestas que comenzaron aquí el día 8”, relató. Según la periodista, las manifestaciones estuvieron motivadas por el deterioro de las condiciones de vida en la comunidad, incluidos los prolongados apagones, la falta de agua y la escasez de alimentos. “Las protestas se hicieron muy seguidas por la extensión de los apagones, la falta de agua, los problemas de alimentación y la comida echada a perder”, afirmó Figueredo. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó que la periodista deberá presentarse en la unidad policial ubicada en 198, entre 13 y 15. Otra residente, identificada como Melba Suárez Ramírez, habría recibido una citación para la misma fecha y hora, de acuerdo con una publicación de la organización. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), proyecto del ICLEP, considera que las convocatorias podrían formar parte de una acción coordinada contra personas que han expresado opiniones críticas sobre la situación del país. La organización recordó que, durante la comparecencia del 20 de julio, las autoridades responsabilizaron a Figueredo de presuntamente liderar las protestas de Jaimanitas en reclamo del restablecimiento del servicio eléctrico. El ICLEP también denunció que dos agentes de la Seguridad del Estado visitaron la vivienda de la periodista el 18 de agosto y la amenazaron por haber participado en una actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. De acuerdo con la organización, los agentes habrían utilizado como mecanismo de presión los estudios de la hija mayor de Figueredo, quien debe comenzar la universidad en septiembre. El OCLE clasificó el caso como un ataque, amenaza o agresión psicológica, debido a que la nueva citación ocurre en medio de un proceso penal y después de las presiones denunciadas contra la periodista y su familia. La organización exigió a las autoridades cubanas que cesen el hostigamiento contra Figueredo y garanticen que la comparecencia policial no derive en nuevas represalias. Hasta el momento, las autoridades cubanas no se han pronunciado públicamente sobre las denuncias.
La nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla: mientras más el 62 % de los fondos que buscaba eran para el sector turístico, solo un 7 % estaban destinados a producir alimentos para los cubanos. Así lo reveló “Prioridades de papel”, una investigación de CubaChequea, la unidad de verificación de Árbol Invertido y miembro de LatamChequea, sobre la cartera oficial cubana de inversión extranjera. “El resultado de nuestra investigación arroja una contradicción enorme. Mientras el gobierno cubano proclama como prioridades la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo del país, o sea, todas esas necesidades básicas de la población, su propia cartera dirige el grueso de la búsqueda hacia otro lugar muy diferente”, explicó Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido y autor del informe junto al periodista principal de la investigación, Julio Gerardo Hun Longchong. El reporte de CubaChequea detalla que la nueva cartera de inversiones del régimen cubano, que prioriza sobre todo el turismo, sumaba para ese sector en su conjunto unos 10.669 millones de dólares: casi nueve dólares por cada dólar que buscaba captar para producir alimentos, irónicamente en un país cuya población sufre la más grave escasez de comida y productos básicos. “Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares. Mientras que el 89,2 por ciento de los proyectos para producir alimentos no superan los 10 millones de dólares”, afirmó Sánchez en un video publicado por Árbol Invertido, junto a los detalles de la investigación. Gráfica de resultado de investigación sobre cartera de inversiones extranjeras en Cuba de CubaChequea La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de CubaChequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierta en Cuba mantenía en internet. La Habana había presentado su nueva cartera de inversiones extranjeras el 25 de noviembre de 2025 con 426 proyectos, entre ellos 124 proyectos energéticos. Pero como detalló en su video el director ejecutivo de CubaChequea, sólo 15 días después, 118 de los proyectos de esa cartera, todos del sector energético, habían desaparecido del sitio oficial en internet. De esos 118, sólo quedaron en la plataforma, seis proyectos, todos sobre la exploración petrolera. Ninguno sobre el uso de energía renovable. “Meses después ocurrió algo todavía más grave: desapareció de internet toda la plataforma llamada Invierta en Cuba donde el gobierno publicaba su cartera de negocios para captar inversión extranjera”, aseguró Sánchez en su publicación donde dijo además que hasta hoy el gobierno cubano no había dado ninguna explicación pública sobre estas desapariciones. “Pero antes de que desapareciera, desde CubaChequea logramos presentar y reservar los 308 proyectos que todavía permanecían publicados”, destacó Sánchez. Gráfica de resultado de investigación sobre cartera de inversiones extranjeras en Cuba de CubaChequea Esta investigación mostró también como en el cao de tema Infraestructura, el 91,4 % del capital incluido en esa rama, era igualmente para el turismo en Cuba. Sólo un proyecto hotelero en la península de Ancón, Sancti Spíritus, pedía 1.094 millones de dólares, el 82,9 % de del capital solicitado en ese tópico. “Estamos comparando lo que el gobierno cubano dice prioriza con los mismos negocios que el gobierno cubano ofrece a los inversionistas extranjeros. Y resulta que cuando seguimos ese rastro de dinero y negocios, descubrimos que los intereses reales del gobierno cubano no coinciden ni con sus propias declaraciones ni con las necesidades mayores de la población cubana”, aseveró el directivo de CubaChequea. De acuerdo con Sánchez, los intereses del régimen, con su nueva cartera de inversiones extranjeras muestran que “no priorizan ni la alimentación ni el desarrollo territorial ni la energía y mucho menos la energía renovable.” El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Juan Pablo Segura, recordó la semana pasada en una publicación en la red social X que el emporio militar cubano GAESA, que tiene bajo su control, entre otros sectores en la isla, el turismo, ha operado por años fuera del del alcance de los mecanismos de fiscalización del Estado, lo que, señaló, facilitó el desvío de miles de millones de dólares de recursos públicos. Además del turismo, GAESA controla amplios sectores de la economía cubana, como el comercio minorista, los bienes raíces, los puertos y otros servicios estratégicos. En una publicación anterior Segura, había advertido a las empresas extranjeras si hacían negocios con ese conglomerado militar cubano que ha estado en el foco de varias de las más recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de La Habana. “GAESA no es solo una empresa. Se trata de una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas y otros ámbitos del régimen”, explicó.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó en Miami la importancia de la cooperación con Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
