Seguridad del Estado intensifica la represión contra la activista Yunia Figueredo y su esposo

La Seguridad del Estado de Cuba ha escalado el acoso contra la activista Yunia Figueredo tras la ola de manifestaciones populares en Jaimanitas, una localidad costera del municipio Playa, en La Habana. Las protestas se desencadenaron por el malestar social ante prolongados apagones, la falta de agua corriente y el desabastecimiento de alimentos. Este martes a las 2:00 p.m., Figueredo y su esposo, el periodista independiente Frank Correa, acudieron a una citación en la estación policial de Siboney. Según declaró la propia activista a Martí Noticias, ambos fueron sometidos a interrogatorios separados en los que las autoridades recurrieron a la intimidación y a acusaciones infundadas. “Nos pasaron para oficinas por separado a cada uno, acusándonos de que les habían informado que nosotros habíamos participado en las últimas protestas de aquí que fueron el 29 y 30 de agosto, lo que no hicimos”, afirmó Figueredo. “Nosotros no salimos de la casa en esa fecha, pero hay gente que nos quiere perjudicar y ellos alegan de que sí estuvimos ahí”. Durante el interrogatorio, los oficiales redactaron cartas de advertencia contra la pareja. Ante la negativa de ambos a firmarlas, las autoridades las archivaron en sus expedientes. Además, la policía política impuso medidas restrictivas severas contra la activista. “Me pusieron restricción de movimiento con prisión domiciliaria y prohibición de salir del municipio. Ya me tienen cercada. Aseguraron que en la próxima citación no regresaría más a la casa”, denunció Figueredo. Las medidas punitivas contra la activista se enmarcan en una campaña represiva continua. Previamente, el 19 de agosto, agentes amenazaron a Figueredo por haber asistido junto a su familia a una actividad en la Embajada de Estados Unidos advirtiéndole que su activismo pondría en riesgo los estudios universitarios de su hija. Ese mismo día, su esposo fue arrestado en la vía pública y retenido en paradero desconocido durante varias horas. La citación de Figueredo coincide con la de varios vecinos que presenciaron o participaron en las movilizaciones de la comunidad ocurridas en agosto. Estas acciones policiales buscan disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en La Habana.